En el Día Internacional para poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas, las organizaciones firmaron un convenio por 4 años para proteger la libertad de expresión, enfrentar injusticias y abusos, e impulsar acciones para enfrentar situaciones de acoso judicial contra comunicadores/as.

En los últimos años la violencia contra la labor periodística en América Latina y el Caribe ha ido en aumento. Si bien en todo el mundo las y los comunicadores sufren inseguridad, amenazas y censura, la región se ha convertido en la más mortífera para la prensa, llegando a 44 homicidios en 2022, es decir, uno cada 4 días.

Estos crímenes, en muchos casos, no se investigan de forma adecuada y sus agresores no reciben sanciones. Situación que se repite en todo el planeta y tiene un efecto paralizador entre las y los comunicadores, provocando además un efecto estimulador entre sus agresores. Por ello, para generar conciencia y promover la implementación de medidas para enfrentar esta situación, en 2013, en la Asamblea de Naciones Unidas, se estableció la conmemoración del 2 de noviembre como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.    

En este contexto, el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) y el Colegio de Periodistas de Chile firmaron un convenio por 4 años para unir esfuerzos para la promoción y defensa de las personas que trabajan en la labor informativa, ya que nuestro país no es la excepción. Desde 2019 a la fecha, ODC ha registrado más de 400 ataques a la prensa, entre ellos el asesinato de la comunicadora Francisca Sandoval del canal Señal 3 La Victoria quien resultó herida por un disparo durante la cobertura de la marcha del 1 de mayo de 2022 en Santiago. Ese mismo mes, la diputada Nathalie Castillo ingresó a la Cámara de Diputados/as un proyecto de ley que regula la protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones (Boletín 14964-24), que fue aprobado por las y los Diputados en julio de 2023, tras más de un año de tramitación, pero que aún se encuentra pendiente de aprobación en el pleno de la Cámara y su tramitación en el Senado.

Según Javier García, presidente de ODC, “menos de un 20% de las agresiones a la prensa que hemos registrado terminaron en un proceso judicial. Las víctimas muestran poca confianza en el sistema de justicia porque en muchos casos no se sanciona a los responsables o porque los procesos judiciales son largos y desgastantes, por lo que finalmente solo los casos más graves son denunciados”.

Aseguró, además, que “en el país existen autoridades y personalidades públicas que usan la deficiente normativa de injurias para buscar silenciar e intimidar a las voces críticas, aprovechando que la ley es anacrónica, contraria a los tratados de Derechos Humanos y que restringe la libertad de expresión”.

De hecho, durante 2023, dos medios de comunicación fueron condenados por este delito: Interferencia y Resumen, quienes también han sido objeto de otras querellas, por lo que sus editores arriesgan cumplir una pena de cárcel si son sentenciados nuevamente por esta norma que no ha sido modificada, a pesar de que en marzo de este año la Corte Interamericana de Derecho Humanos exigió al Estado modernizar la ley, luego de la sentencia a Chile por vulneración a la libertad de expresión del defensor medioambiental y abogado, Carlos Baraona, quien fue condenado por injurias, transgrediendo su opción a expresar una crítica política a la gestión de una autoridad.

Por su parte, Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas, afirmó que “estamos muy contentos y conformes de por fin avanzar en nuestra alianza institucional con el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, de modo de concretar acciones en materia de libertad de expresión y de prensa, muy acorde a los desafíos que enfrentamos en esta materia, que son múltiples y que van mucho más allá de las vulneraciones a la prensa”.

“Para nosotros es fundamental establecer relaciones formales, institucionales y de largo plazo, de modo de fortalecer un plan de trabajo que permita resolver situaciones de libertad de prensa que se generan día a día, así como proyectar acciones de trabajo en red para fortalecer estos Derechos Humanos”, aseguró.

Entre los acuerdos, el convenio contempla el seguimiento conjunto de restricciones a la libertad de información, acciones para generar conciencia sobre el peligro de la impunidad de las agresiones a la prensa y la implementación, durante 2024, de un programa para entregar capacidades a periodistas y comunicadores/as para enfrentar situaciones de acoso judicial y querellas por injurias.

Asimismo, considera la colaboración en la entrega de información y recomendaciones a instituciones públicas y organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo los instrumentos del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).