Bancada de Senadores UDI presenta ley para frenar delitos en moto: Chaleco reflectante con patente será obligatorio para repartidores

Senadores proponen chalecos con patente obligatorios para delivery, buscando más control y seguridad

Con la creciente participación de motocicletas en delitos como portonazos, la bancada de senadores UDI presenta ley para frenar delitos en moto. El proyecto busca hacer obligatoria la identificación visible de repartidores mediante chalecos reflectantes con patente. Esta medida apunta a mejorar la fiscalización y reducir la impunidad. Sigue leyendo para conocer todos los detalles de esta propuesta.

Un nuevo marco legal para enfrentar un problema creciente

En respuesta al creciente uso de motocicletas en hechos delictivos, como asaltos, robos con violencia y portonazos, la bancada de senadores de la UDI presentó un proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito. Esta nueva propuesta exige que todos los repartidores que utilicen motocicletas —ya sean trabajadores dependientes de una empresa o independientes afiliados a plataformas digitales— utilicen un chaleco reflectante con la patente del vehículo claramente impresa y visible en la espalda.

La medida apunta a resolver una preocupación de seguridad pública que se ha intensificado en los últimos años: la falta de identificación clara de estos vehículos, especialmente en contextos urbanos. De acuerdo a los senadores, la imposibilidad de identificar motocicletas en movimiento ha sido aprovechada por bandas criminales para escapar rápidamente de la escena del crimen sin ser detectadas.

De un fenómeno económico a una amenaza para la seguridad

El auge del delivery en Chile, impulsado especialmente por la pandemia y la transformación digital, ha venido acompañado de un crecimiento explosivo del parque de motocicletas, el cual aumentó un 50% entre 2014 y 2023. Esta expansión, sin embargo, no ha sido acompañada por una fiscalización adecuada ni por regulaciones suficientes para garantizar la seguridad, tanto de los trabajadores como del entorno urbano.

Según cifras presentadas por los propios senadores, en 2023 se registraron más de 7.000 accidentes de tránsito que involucraron motocicletas, con una representación del 15% en las muertes viales del país. Estos números, junto con el aumento del uso de motos en delitos, han llevado a los legisladores a proponer una intervención directa: identificar de forma obligatoria a quienes circulan por las calles en moto, especialmente si están realizando servicios de reparto.

“No vamos a seguir permitiendo motos sin identificar”

Uno de los principales impulsores del proyecto, el senador Sergio Gahona, fue enfático en señalar que el Estado no puede continuar permitiendo la circulación de motocicletas que operan al margen de la ley. “Hoy las calles están llenas de motos sin patente visible, sin licencia, y sin condiciones mínimas de seguridad. Esto es tierra fértil para el delito y la informalidad. No vamos a seguir permitiendo motos sin identificar que amparan delitos en nuestras calles”, afirmó Gahona.

El senador añadió que esta propuesta representa una “respuesta seria y proporcional a un fenómeno que se nos fue de las manos”. Para Gahona, la ley no solo mejora la capacidad del Estado para fiscalizar, sino que también restituye el control sobre el espacio público, actualmente vulnerado por el uso informal y muchas veces ilegal de motocicletas.

El que no quiere ser identificado, algo oculta

Por su parte, el senador José Durana argumentó que el anonimato en la vía pública se ha convertido en un factor de riesgo y desconfianza para los ciudadanos. “El que no quiere ser identificado es porque tiene algo que ocultar. Hoy muchas bandas usan motocicletas para delinquir precisamente porque pueden desaparecer fácilmente del radar. Este proyecto disuade esa conducta, fortalece la seguridad pública y le devuelve el control al Estado”, explicó.

La iniciativa busca generar un efecto disuasivo: al exigir que cada motocicleta utilizada en reparto esté visiblemente identificada, se espera reducir los delitos cometidos bajo el amparo del anonimato. Esta ley propone hacer más difícil la huida y la impunidad, devolviendo herramientas efectivas a Carabineros y autoridades municipales para actuar en terreno.

Seguridad para todos: repartidores, peatones y conductores

El proyecto también tiene una dimensión preventiva enfocada en la seguridad vial de los mismos repartidores. Según explicaron los senadores, los chalecos reflectantes no solo permiten identificar a quienes circulan, sino que también mejoran su visibilidad en condiciones de baja iluminación, lo que puede prevenir accidentes.

Muchos trabajadores del delivery, especialmente quienes operan en condiciones informales, carecen de elementos básicos de protección y no cumplen con la normativa vigente. Con esta ley, se establece un estándar mínimo obligatorio que permitirá mejorar sus condiciones laborales, proteger sus vidas y hacer más segura su circulación en las calles.

Un marco justo que no criminaliza el delivery

El senador Enrique Van Rysselberghe recalcó que el proyecto no tiene como objetivo perseguir al rubro del delivery, sino regularlo y proteger a quienes trabajan honestamente. “Queremos proteger a los trabajadores formales, a los que se ganan la vida honestamente. Esta ley no criminaliza al delivery: al contrario, fija reglas claras y justas. Si hay empresas que hacen negocio sin asumir responsabilidades mínimas, entonces el Estado tiene que actuar”, afirmó.

En este sentido, el proyecto también establece obligaciones para las plataformas digitales, que deberán informar a sus trabajadores sobre la normativa vigente y facilitar el acceso a los chalecos identificatorios. El incumplimiento de esta ley generará multas tanto para los repartidores como para las empresas que los empleen o subcontraten.

Medida transversal, técnica y urgente

Desde la bancada UDI subrayaron que esta medida no responde a un impulso ideológico, sino que nace de un diagnóstico técnico y basado en datos concretos. “El delivery llegó para quedarse, pero no puede hacerlo al margen de la ley ni de la seguridad. Esta es una medida concreta, técnica y razonable, que responde a un problema real y que estamos seguros contará con apoyo transversal”, concluyó Gahona.

Los senadores esperan que esta ley avance con rapidez en el Congreso, ya que su impacto podría ser inmediato en la reducción de delitos y accidentes, mejorando tanto la seguridad pública como la calidad de vida en las ciudades.

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