Regionales

Más de 300 empresas del Biobío han reportado contratos vigentes en virtud de la Ley de Inclusión Laboral

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la seremi del Trabajo y Previsión Social de la región del Biobío entregó un balance de lo que ha sido los avances de la ley de Inclusión Laboral, con información actualizada a noviembre de 2020.

La Ley N° 21.0151, conocida como “Ley de Inclusión Laboral”, establece un mecanismo que incentiva la incorporación de personas con discapacidad o asignataria de una pensión de invalidez al mundo laboral, garantizando la reserva legal de empleos para un porcentaje de personas con esta condición.

La autoridad regional informó que “hasta el 30 de noviembre de 2020, la Dirección del Trabajo informa de 20.750 contratos vigentes en torno a la Ley de Inclusión Laboral a nivel nacional, de los cuales 1.781 corresponden a la región del Biobío, con 301 empresas con trabajadores con relación laboral vigente”.

La seremi precisó que “la Ley de Inclusión Laboral, establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad o beneficiarias de la pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en organismos del Estado y empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores o funcionarios”.

Añadió que “de acuerdo a lo dispuesto en el Código del Trabajo, los empleadores del sector privado deberán registrar los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo, así como sus modificaciones o término, en un plazo de 15 días contados desde la celebración del respectivo contrato”.

Cabe señalar que la información entregada por los empleadores mediante declaraciones juradas, y resumida en este reporte, corresponde a datos autorreportados, por lo que su contenido, veracidad y ajuste a la legalidad, es materia de fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo.

Finalmente, recordar que el Subsidio al Empleo tiene un incentivo especial en su línea CONTRATA, que busca impulsar la contratación de trabajadores, financiando el 50% de la remuneración bruta imponible con un tope de $250 mil por cada nuevo trabajador contratado, pero en el caso de las mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, el aporte sube al 60% de la remuneración bruta, con tope de $270 mil.

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