Una importante iniciativa impulsada por el diputado de la región del Biobío, Manuel Monsalve, en conjunto con su par, Jaime Tohá, se acaba de aprobar en el congreso, en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto para el año 2021.
Se trata de limitar la facultad del gobierno central en cuanto a efectuar reducciones presupuestarias de los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional de los Gobiernos Regionales de cualquier región del país, conforme a las normas sobre administración financiera del Estado. La idea central es que se cuente, de forma previa, con el acuerdo de al menos los dos tercios del Consejo Regional del Gobierno Regional respectivo, obtenidos en sesión extraordinaria citada especialmente para tal efecto.
“El Ministro de Hacienda tiene facultades para que, de manera unilateral, rebaje un presupuesto para una región. El año pasado se rebajaron 15 mil millones para la región del Biobío. No puede ser que lo que apoya el Congreso de manera democrática, en un órgano colectivo, después lo zanje una autoridad en Teatinos 120, sin preguntarle a las propias regiones. Le hace bien a Chile, a las regiones y al compromiso de descentralizar, el avanzar en limitar una facultad que da muestras del centralismo que hay en Chile y que debe terminar”, dijo Manuel Monsalve en su intervención.
Con esta propuesta, se respetaría la discusión y aprobación del parlamento, sin que una autoridad cambie los montos sin preguntarle a los propios afectados, descentralizando de manera efectiva las decisiones presupuestarias para la inversión en los territorios.
En su argumentación, Monsalve, advirtió también que, “el Gobierno nos ha querido hacer creer que el presupuesto en las regiones sube y eso no es así. El año pasado en la región del Biobío este Congreso aprobó 80 mil millones de pesos de presupuesto, posteriormente se le agregaron 10 mil, quedando en 90 mil y hoy se proponen 85 mil millones. El fortalecimiento de la autonomía de las regiones tiene que expresarse en la discusión de esta Ley de Presupuesto”.
El legislador socialista espera que el Senado ratifique y mantenga la indicación y que el gobierno, que ha hecho reserva de constitucionalidad, entienda que no puede tomar decisiones arbitrarias y de oficio saltarse lo aprobado en el Congreso.