Diputada Medina presenta proyecto para evitar que se repita el caso “Convenios”
La jefa de bancada del PDG plantea iniciativa que aumenta los mecanismos de control y rendición de cuentas de las asociaciones y/o fundaciones que reciben financiamiento del Estado
A raíz de las decenas de investigaciones de Fiscalía y Contraloría por el bullado caso de los convenios que explotó hace más de un mes y que involucra a algunos militantes de los partidos oficialistas con fundaciones como “Democracia Viva”, la jefa de bancada del Partido de la Gente (PDG), Karen Medina, presentó un proyecto de ley para incrementar la fiscalización en relación con las organizaciones que reciben aporte fiscal.
La congresista de la Región del Biobío plantea modificar la Ley 20.500 con el objetivo de aumentar los mecanismos de control y rendición de cuentas de las asociaciones y/o fundaciones que reciben financiamiento del Estado, promoviendo una gestión transparente y eficaz de los recursos públicos.
La iniciativa también contempla que el Ministerio de Justicia, deberá remitir anualmente a la Comisión Mixta de la Cámara de Diputados, un informe detallado respecto de la rendición de cuentas realizadas por las asociaciones.
Las organizaciones que trabajen con financiamiento estatal tendrán que informar todos los ingresos percibidos, señalando en cada caso, proyectos por los cuales se recibieron, si estos fueron a través de trato directo o mediante licitación, acreditación de la ejecución de los proyectos, gastos efectuados en dichos proyectos, justificación de los gastos, personal contratado, remuneraciones de las personas que trabajen en dicha institución, especificando cargo y cualificaciones profesionales para el cargo.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en relación con no presentar los informes correspondientes o proporcionen información falsa serán sujetas a multas ascendiente a 50 UTM ($3.200.000) y en caso de reincidencia serán excluidas permanentemente de recibir financiamiento de caudales públicos.
“Entre nuestras atribuciones como diputados se encuentra la labor de fiscalizar a las instituciones, organizaciones y al aparato estatal, sobre todo cuando se trata de caudales públicos que benefician a los chilenos que más lo necesitan y más desamparados se encuentran. Este proyecto busca aumentar el control sobre las instituciones que reciben fondos que pertenece a todos los ciudadanos para que lo que estamos viviendo (con el caso de los convenios de asignación directa), no se repita nunca más”, puntualizó la legisladora.
Por último, la iniciativa legal de la representante del PDG propone que anualmente el Consejo Nacional del Fondo fijará una cuota nacional y cuotas para cada una de las regiones, sobre la base de los criterios objetivos de distribución que determine mediante una resolución fundada.
