Han sido semanas complejas para el Gobierno Regional del Biobío desde que se destapó el Caso Convenios. El Ministerio Público indaga presuntas irregularidades en el traspaso de recursos a organizaciones, pero también tiene en la mira otro hecho: una denuncia por personal que trabajaba en el organismo público, y que recibía remuneración de fundaciones.

Esta es la figura denunciada, que ya está siendo investigada por la Fiscalía: entre febrero y junio de este año, dos personas -de iniciales D.F.L.F y M.T.V.L- habrían desempeñado funciones para el Gore del Biobío, mientras recibían sueldos de parte de la Fundación Educación Financiera (Fundef), organización que además estaba ejecutando un proyecto que se adjudicó vía trato directo con el organismo público, y por el cual recibió más de $350 millones para ejecutar un programa de voluntariado en la región.

Desde el Gore del Biobío explicaron que la incorporación de las dos personas se debió a la emergencia de los incendios forestales, que afectó a la zona centro sur entre enero y marzo.

La denuncia esta semana sumó un nuevo antecedente. Durante una sesión extraordinaria del Consejo Regional, que se realizó este martes, el gobernador Rodrigo Díaz (independiente) reconoció que una de las funcionarias en cuestión lo acompañó al lanzamiento de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento en Santiago, pese a que no correspondía a sus funciones.

-Ese día me acompañó ella. Sí, es verdad- respondió la autoridad regional, tras ser consultado por el consejero electo por el disuelto Partido Igualdad, Javier Sandoval.

El Gobierno Regional del Biobío explicó a Mega Investiga que “se le solicitó ayuda por su experiencia comunicaciones y RR.PP., por tratarse de una ceremonia protocolar, y por haber trabajado en la Intendencia Regional y en la Delegación Presidencial Regional”.

La situación ha sido denunciada por consejeros regionales, quienes además relacionan el hecho con la alerta que levantó la Contraloría General de la República, en su informe sobre la auditoría a la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta, respecto a funcionarios públicos contratados con dineros de fundaciones.

Por lo mismo, este viernes los consejeros Sandoval, Camila Arriagada (PI), Gabriel Torres (ind.-RN), Yanina Contreras (PSC) y Piero Blas (ind.), acudieron a la Contraloría Regional del Biobío para entregar nuevos antecedentes sobre el caso.

La nueva ofensiva de los consejeros surgió luego de las sesiones extraordinarias del Consejo Regional, que se llevaron a cabo esta semana.

El 5 de septiembre, en una sesión extraordinaria con el Consejo Regional, el Gore del Biobío explicó que la contratación de las funcionarias se debió a la emergencia de los incendios forestales, específicamente para el apoyo en la coordinación de programas de voluntariado.

“Dos personas, con motivo de la emergencia de los incendios forestales, prestaron apoyo en coordinar programas de voluntariado, sin subordinación ni dependencia en el servicio, desde febrero de 2023 hasta junio de 2023”, dijo el jefe de la División de Desarrollo Social (s) Luciano Parra, quien se limitó a entregar más información sobre las contrataciones, argumentando el secreto de investigación invocado por la Fiscalía.

El concepto de “sin subordinación ni dependencia” fue remarcado por el gobernador Díaz, quien también estaba presente en la instancia. La autoridad respondió a las críticas de los consejeros regionales, que apuntaban a que el caso tenía similitud con lo ocurrido en Antofagasta.

“Sin subordinación ni dependencia, eso marca una diferencia radical respecto de lo que el contralor nacional ha dicho que ocurría en la ciudad de Antofagasta, porque ahí había subordinación”, dijo la autoridad regional.

Así también, frente a los cuestionamientos, respondieron a Mega Investiga que “el programa desarrollado por la fundación (Fundef) tenía por objetivo voluntariado”, y que “como estábamos en época de emergencia, necesitábamos ayuda durante la tragedia en comunicaciones”.