Precarización del Empleo Público y Vulneración de Derechos Laborales por Dictamen de la Contralora General de la República
El senador advierte que el reciente dictamen E561358/2024 limita la estabilidad laboral y restringe los derechos de los trabajadores públicos.
El senador de la República y miembro de la Comisión de Trabajo, Gastón Saavedra, ha expresado su profunda preocupación por el reciente dictamen E561358 / 2024 emitido por la Contralora General de la República. Según el senador Saavedra, este dictamen precariza el empleo público y pone en jaque la estabilidad laboral de este sector. Además, restringe significativamente el derecho de los empleados públicos a contrata para reclamar, vía administrativa, su eventual pérdida de empleo.
El senador Saavedra señaló que el dictamen establece que el plazo en que la administración podía ejercer la revocación de la calidad de trabajador a contrata – sea de 2 o 5 años, según la jurisprudencia administrativa o judicial – será materia de determinación judicial debido a su naturaleza litigiosa. “La vía administrativa ha demostrado ser efectiva durante muchos años, y hoy el dictamen la desecha, obligando a los trabajadores públicos a presentar demandas ante los tribunales”, afirmó.
Para Saavedra, “la Contralora General se lava las manos, vulnerando la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo”. Esta medida otorga una amplia facultad para terminar la contratación de miles de trabajadores sin entregar fundamentos, incluso obviando su desempeño y trayectoria.
“La confianza legítima ha significado que un funcionario que ha sido mantenido permanentemente en su cargo asume la hipótesis de que su empleador lo recontratará en el futuro. Esta idea, protegida mediante la figura jurídica en cuestión, ha sido desechada por el dictamen de la Contralora”, indicó el senador.
Gastón Saavedra expresó que esta medida restringe la defensa de los derechos de los trabajadores, precariza el empleo público, desconoce la trayectoria de los servidores públicos y representa un retroceso en el respeto a derechos fundamentales. “Esto no solo afecta la estabilidad laboral, sino también la continuidad en las funciones públicas”, concluyó.
