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El otro “juicio” de Cathy Barriga: Avanza proceso que busca inhabilitar a exalcaldesa

No solo la Fiscalía Oriente tiene complicada a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, sino que también el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, que dio paso a una etapa clave en el proceso por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa.

El requerimiento se presentó hace casi dos años por parte de siete concejales de la comuna, en vista a la serie de irregularidades detectadas durante el mandato de la exmandamás municipal y que busca que se le inhabilite para ejercer cargos públicos con la pena máxima de cinco años.

En este proceso, el TER definió el “auto de prueba”, es decir, los hechos sustanciales y controvertidos a probar, que incluyen trece puntos que apuntan al mal uso de los recursos públicos, y donde Barriga deberá dar explicaciones por cada uno de sus movimientos en el municipio. En ese sentido, los denunciantes justificaron la presentación con los diversos informes de Contraloría

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“La Cenicienta”, Maipeluza y cajas de terciopelo

El primer punto que aparece en el “auto de prueba”, apunta al decreto edilicio que firmó apenas asumió en el cargo en diciembre de 2016, y que posibilitó reasignar facultades financieras y redistribución de competencias, y se deberá zanjar si esto impidió la fiscalización y cumplimiento del presupuesto municipal.

Este mismo documento fue presentado por la fiscal Constanza Encina como prueba gravitante durante la formalización de cargos de la exjefa comunal, el pasado 16 de enero. 

También, se deberán dar explicaciones por una gira internacional a Mendoza, que realizó la exalcaldesa junto a funcionarios municipales y trabajadores a honorarios, en marzo de 2019, para asistir a la presentación de la obra “La Cenicienta”, por lo que se desembolsaron gastos que- según los concejales- alcanzaron los $2 mil millones.

En esta travesía fue clave Luis Japaz, entonces asesor de Barriga y que hoy cumple arresto nocturno, tras ser formalizado junto a su exjefa por fraude al fisco, la semana pasada.

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La lista de cuestionamientos “a probar”, incluye la contratación vía trato directo de servicios de difusión de noticias por más de $26 millones y para la compra de 950 cajas de vitamina C por aproximadamente $5 millones, además de si hubo otras compras bajo esa modalidad y convenios marco por un monto total de $1.002.453.470.

En la misma línea, aparece la contratación directa de los servicios de seguridad de Producciones Juan Garay Lizama Peña E.I.R.L, para el festival “Maipeluza 2018”. Se busca determinar si la municipalidad debía contar con el acuerdo del Concejo para aprobar las nueve contrataciones, y si es efectivo que hubo fragmentación de estos últimos, con el objetivo de recurrir al trato directo con el proveedor.

Otra irregularidad que se deberá acreditar apunta a la adquisición de 1.500 paraguas, 480 collares y 486 cajas de terciopelo, y si el municipio carecía de un mecanismo de control interno que verificara la recepción, cuantificación y entrega de esos artículos.

Además, se deberá acreditar “si es efectivo que existió demora en la entrega de información de SMAPA a la Superintendencia de Servicios Sanitarios”, tal como aparece en la denuncia hecha por los concejales, respecto a las fiscalizaciones que se realizaban a la red pública.

Ahora, tanto la demandante como la defensa de la exalcaldesa apelaron al TRICEL, para incluir o restar parte de las pruebas, que emitirá un fallo en los próximos días, y tras eso, se dará paso a la prueba testimonial, donde ambas partes podrán llevar a declarar a sus testigos.

$31 mil millones de déficit

La arista “electoral” que complica a Barriga, se suma a los cuestionamientos que hizo la Contraloría y también a la investigación que realizó la Fiscalía que el pasado 17 de enero la formalizó por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Según la indagatoria, los malos manejos financieros de las platas públicas alcanzaron los $31 mil millones y acusó a la exalcaldesa de montar “una estructura orgánica de disposición fraudulenta de recursos”.

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