Expulsiones judiciales de extranjeros aumentaron 63% durante el último año en Chile
Las expulsiones de personas extranjeras por delitos aumentaron un 62,5% en el año 2022, marcadas por casos de tráfico de drogas y robos violentos, de acuerdo con datos del Poder Judicial difundidos este lunes por el diario El Mercurio.
Si en 2021 fueron 751, el año pasado subieron a 1.220, lo que da luces de un cambio en el criterio jurídico, según planteó el matutino.
El uso de este tipo de pena sustitutiva se concentra en el norte: en las jurisdicciones de Iquique (36%), Antofagasta (29%) y Arica (15%).
Para realizar una expulsión se invoca el artículo 34 de la Ley 18.216 que permite al tribunal -de oficio o a petición del extranjero condenado- sustituir la pena de cárcel, siempre que esta no supere los cinco años de presidio.
La sanción implica, además, que los condenados no puedan volver a Chile en 10 años y, de hacerlo, deben cumplir la pena efectiva originalmente impuesta.
Si bien se ordenó que fueran enviados a sus países de origen, algunos de los condenados permanecen recluidos en Chile, a la espera de que la medida se concrete.
La mayoría de estos imputados son personas sin residencia y, muchos de ellos, además, ingresaron por pasos irregulares, dicen algunos jueces.
Una de las razones del alza de las expulsiones, según los operadores del sistema de justicia, fue el fin de las cuarentenas por la pandemia del Covid-19, pues el retorno a la normalidad se tradujo en esta alza en el ingreso de causas.
El juez presidente del Tribunal Oral de Iquique, Moisés Pino, atribuyó, además, el escenario al «aumento de los juicios por tráfico de drogas».
En 2021, de acuerdo con las estadísticas del Poder Judicial, el tráfico ilícito de drogas constituyó el 65% de los casos de expulsiones (513) y, en 2022, el 75% (909).
En esas causas, «los imputados son en su mayoría extranjeros, sin residencia en Chile y que han ingresado por pasos irregulares», afirmó el magistrado.
En segundo lugar están los robos con intimidación y con violencia: se registraron 52 (6,1%) y 69 deportaciones (5,66%) en 2021 por el primer delito y 26 (3,05%) y 67 expulsiones (5,49%) en 2022 en el segundo.
