Por unanimidad, la Cámara de Diputados, aprobó en la sesión de sala de hoy martes 5 de julio la creación de la Comisión Investigadora sobre el Robo de Madera en la Macrozona Sur, instancia impulsada por el diputado y jefe de Bancada de la DC, Eric Aedo.
La iniciativa del parlamentario agradeció el apoyo de todos los parlamentarios que de forma transversal apoyaron esta Comisión para indagar lo que ocurre con este comercio ilegal y “será un complemento al trabajo que realiza la fiscal Marcela Cartagena en las regiones del Biobío y la Araucanía”.

El parlamentario sostuvo que “es necesario que desde la Cámara de Diputados podamos aportar a esclarecer un comercio ilegal que mueve 100 millones de dólares y que además genera violencia en las regiones del Biobío y la Araucanía”.
Para Aedo “es nuestro deber como Poder del Estado dejar de mirar para el lado como si esto no existiera y realizar acciones concretas”.
El parlamentario fundamentó que “es de conocimiento público la existencia a gran escala de este delito y que de acuerdo al gobernador de Biobío, Rodrigo Díaz, representa un volumen de 100 millones de dólares al año”.
Añadió que “el propio presidente de la Corporación de la Madera, Juan José Ugarte, reconoció que durante el primer semestre de este año han circulado 25 mil camiones con madera robada con total impunidad”.
Aedo puntualizó que “se trata de bandas organizadas, verdaderas mafias, que actúan de forma similar a los carteles de la droga, con grupos de protección armada que custodian el tránsito de la carga a través de las rutas, lo que explica parte de la violencia que se vive en este territorio del sur del país”.
Añadió que “en la provincia de Arauco se sabe, por reportajes de prensa, que esta carga ilegal circula con guías de despacho falsas por las rutas 160 y P-40, con camiones que ocultan sus patentes, y evaden el pago del peaje de esta vía”.

Afirmó que es evidente que en esto “han fallado muchas instituciones del Estado, responsables de la fiscalización de este comercio ilegal, y sería bueno profundizar qué está ocurriendo al interior de estos organismos, porqué han sido vulnerados sus sistemas de control y cómo podemos corregir esta grave situación”.
Lo que buscará indagar la Cámara de Diputado es:

1. Las acciones de fiscalización por parte del SII, durante el periodo 2021-2022, relativas a comercialización de madera en la zona Macro Sur.
2. Cuáles han sido las acciones de otros organismos del Estado, como la Conaf, las policías y el Ministerio Publico frente a estos delitos.
3. Qué ha hecho el Ministerio de Obras Públicas que tiene el deber de fiscalizar lo que ocurre en los peajes de las rutas concesionas, en este caso la Ruta 160, por donde transitan gran parte de estos camiones con madera robada.
4. Las acciones conjuntas de los organismos del Estado como SII, las Policías, con la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio Público, para la persecución de eventuales ilícitos en la zona Macrosur.
5. Las querellas presentadas por el SII en el periodo 2021-2022, relacionadas con la sustracción de maderas.

Todo lo anterior con el objetivo de saber porqué aún no se ha dado con los cabecillas de estas organizaciones delictuales y proponer desde el Cámara de Diputados acciones que permitan corregir esta situación.

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